9 de mayo de 2026
Impuesto al patrimonio: retos y alternativas para financiar la emergencia climática en Colombia
El Gobierno Nacional avanza en la implementación del tributo extraordinario, mientras evalúa ajustes y nuevas fuentes de recursos para cerrar la brecha de recaudo.
Por: Jorge Urbina
El Gobierno Nacional enfrenta un escenario retador en la implementación del impuesto extraordinario al patrimonio, creado mediante el Decreto 0173 del 24 de febrero de 2026, con el objetivo de financiar la emergencia económica derivada de los fenómenos climáticos registrados a comienzos del año.
La medida establece el cobro para personas jurídicas con un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT, con tarifas del 0,5% y una diferencial del 1,6% para sectores como el financiero y extractivo. Se trata de un instrumento orientado a fortalecer la capacidad fiscal del país en un contexto de alta presión sobre el gasto público.
Sin embargo, los primeros resultados evidencian un recaudo por debajo de lo proyectado. En la primera cuota, el Gobierno esperaba captar cerca de $4 billones, pero el ingreso efectivo fue de $2,4 billones, lo que representa un desfase cercano a $1,72 billones. A pesar de esto, el resultado refleja una participación activa de sectores estratégicos de la economía.
Las actividades financieras, inmobiliarias y de seguros lideraron el aporte con cerca de $1,1 billones, seguidas por comercio, transporte y servicios de alojamiento, así como por la industria manufacturera. Estos datos evidencian el papel del sector empresarial en la financiación de medidas orientadas a enfrentar contingencias nacionales.
En paralelo, decisiones institucionales han introducido ajustes en la implementación del tributo. La Corte Constitucional suspendió de manera provisional el recaudo de la segunda cuota para entidades sin ánimo de lucro del régimen especial y empresas en liquidación, lo que, si bien tiene un impacto limitado en el total esperado, sí incide en la dinámica de recaudo prevista.
Con el vencimiento del plazo para el pago de la segunda cuota en mayo de 2026 y ante una meta total cercana a los $8 billones, el Gobierno evalúa escenarios para fortalecer el cierre financiero de la emergencia. Entre las alternativas se contemplan mecanismos como la emisión de títulos de deuda pública (TES), el uso de recursos de caja y la activación de fondos especiales.
Este panorama refleja no solo los desafíos fiscales asociados a la atención de emergencias, sino también la importancia de contar con instrumentos flexibles que permitan responder a contextos extraordinarios. En ese sentido, el impuesto al patrimonio se consolida como una herramienta relevante dentro de la política económica, cuyo alcance y efectividad dependerán de su ajuste y articulación con otras fuentes de financiación.